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Clasificación de la ley

Derecho civil

Los sistemas de Derecho civil se basan en conceptos derivados del antiguo derecho romano, caracterizados por fundamentarse en un conjunto completo de normas y principios codificados y de fácil acceso tanto para la ciudadanía como para los profesionales del derecho. Las leyes codificadas son revisadas periódicamente para reflejar el entorno actual, y tienen mayor influencia en los países de derecho civil que cualquier precedente sentado por la jurisprudencia. Los países de derecho civil representan más del 65% de los ordenamientos jurídicos mundiales, e incluyen la mayor parte de Europa continental, Centroamérica y Sudamérica, Oriente Medio, Asia y África.

Resumen a la legalidad de la firma electrónica

En derecho español, la validez de un contrato no requiere necesariamente una firma manuscrita, ya que, en general, los contratos son válidos si unas partes con capacidad legal suficiente alcanzan un acuerdo, ya sea verbalmente, por medios electrónicos o mediante un documento físico en papel (Artículo 1528 del Código Civil español). En ocasiones, para demostrar la validez de un contrato, las partes tienen que presentar pruebas ante los tribunales. Las principales soluciones de gestión de transacciones digitales pueden proporcionar registros electrónicos admisibles como prueba de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 326, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para demostrar la existencia, autenticidad y aceptación válida de un contrato.

Además, el Reglamento (UE) Nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (el“Reglamento eIDAS”) entró en vigor el 1 de julio de 2016. El Reglamento eIDAS derogó y sustituyó la Directiva sobre la firma electrónica (1999/93/CE) y es directamente aplicable en los 28 estados miembros de la Unión Europea.

El Reglamento eIDAS es tecnológicamente neutral y define tres tipos de firma electrónica (la firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada). El Artículo 25(1) establece que no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada. Los Artículos 25(2) y (3) atribuyen a la firma electrónica cualificada un efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita y garantiza que una firma electrónica cualificada que esté reconocida en un Estado Miembro de la UE también será reconocida en otros Estados Miembros. Por último, el Considerando 49 permite a las legislaciones nacionales establecer los requisitos en cuanto a qué tipo de firma electrónica puede exigirse en qué circunstancias.

Escenarios de uso de la firma electrónica simple (FES)

Los escenarios de uso en los que una FES suele ser adecuada incluyen:

  • determinados documentos de RR.HH., tales como contratos de trabajo, acuerdos de confidencialidad, contratos de cesión de derechos sobre invenciones de empleados, notificaciones de privacidad, documentación relativa a beneficios sociales y a procesos de gestión de nuevas incorporaciones
  • contratos comerciales entre entidades mercantiles, incluyendo acuerdos de confidencialidad, pedidos de compra, aceptaciones de pedidos, facturas, otros documentos de compra, contratos de compraventa, contratos de distribución, contratos de servicios
  • contratos con consumidores, incluyendo documentación de apertura de nuevas cuentas retail, condiciones de venta, condiciones de prestación de servicios, licencias de software, pedidos de compra, confirmaciones de pedidos, facturas, documentación de envío, manuales del usuario, políticas (exceptuando contratos de préstamo al consumo)
  • contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales/oficinas, salvo que las partes pretendan causar su inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad, en cuyo caso sería necesario elevar a público el documento y la firma electrónica carecería de validez
  • contratos de licencia de software
  • contratos de licencia sobre derechos propiedad intelectual e industrial, incluyendo patentes, derechos de autor y marcas
  • contratos de transmisión de activos inmateriales, salvo que las partes pretendan causar su inscripción en el correspondiente Registro de Bienes Muebles, en cuyo caso sería necesario elevar a público el documento y la firma electrónica carecería de validez

Escenarios de uso en los que no suele ser adecuada una firma electrónica o la gestión de transacciones digitales

Escenarios de uso en los que los procesos digitales o electrónicos están expresamente prohibidos o que conllevan requisitos explícitos, tales como firmas manuscritas (por ejemplo, con tinta) o trámites notariales que no suelen ser compatibles con la firma electrónica o la gestión de transacciones digitales.

  • Elevación a público de determinados contratos y escrituras de arrendamiento o transmisión de bienes inmuebles
  • determinados contratos de licencia o transmisión de derechos de propiedad intelectual e industrial
  • Elevación a público de contratos matrimoniales
  • Elevación a público de contratos de herencia, incluyendo aquellos en los que se renuncie a una herencia o se documente la venta de una herencia
  • Elevación a público de la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y la cesión de participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada
  • Elevación a público de contratos que una parte desee oponer contra un tercero (y cuya inscripción sea por tanto obligatoria)
  • Otros - a menudo, es posible presentar por vía telemática determinados documentos de RR.HH. ante las Administraciones Públicas, aunque ello podrá requerir la realización de determinados trámites

[1] Una firma electrónica avanzada (FEA) es un tipo de firma electrónica que cumple los siguientes requisitos: (a) está vinculada al firmante de manera única; (b) permite la identificación del firmante; (c) ha sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control; y (d) está vinculada con los otros datos electrónicos de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.

[2] Una firma electrónica cualificada es una firma digital específica que cumple las especificaciones particulares de un organismo gubernamental, incluyendo la utilización de un dispositivo de creación segura de firmas, y ha sido certificada como ‘cualificada’ por dicho organismo gubernamental o un tercero contratado por dicho organismo.

Normas tecnológicas locales

España, un país que dispone de un modelo legal de firma electrónica por categorías, apoya el concepto de FEC (firma electrónica cualificada), exigiendo la acreditación independiente  de dichas firmas por parte de un órgano de certificación autorizado. Aunque la FEC solo se exige legalmente para determinados tipos de operaciones, según lo señalado anteriormente, España, como miembro de la Unión Europea, aplica los estándares del ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) para definir los requisitos técnicos de la firma electrónica cualificada. De conformidad con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (el “Reglamento eIDAS”), España mantiene un listado público de órganos supervisores de proveedores cualificados certificados, junto con otros países de la Unión Europea.

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Fecha de la última actualización: 15 de mayo de 2017